“Intento de Reforma Judicial”

Informe del Dr. Juan Pedro Merbilhaa

INTRODUCCIÓN:

El gobierno nacional ha lanzado el intento de una reforma judicial de tales características y por tales caminos que, resulta ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE.

Contrariamente a lo que es usual cuando se hace un análisis sobre algún tema nuevo y se formula un informe al respecto, procediéndose al desarrollo de una explicación crítica (favorable o des favorable) y como conclusión, dar la opinión personal, en este caso adelantamos nuestra opinión, por la obviedad de las objeciones que merece el intento mismo, declarado desde el PE.

No se trata de un “prejuicio” de nuestra parte, sino de un “juicio previo” al conocimiento del texto borrador, que aún no se ha dado a conocer, que surge ya del análisis del contexto, modo, contenido conceptual y alcance anunciados; y de los actos consumados de parte del actual gobierno, no solo del PE sino también de otros organismos, de sus miembros, de otros funcionarios públicos así como de adictos al mismo.

Tampoco se trata aquí de criticar la “oportunidad” de la iniciativa, por la situación de quebranto financiero del Estado, la incertidumbre sobre una solución de salida  de esa condición, y ni siquiera la excepcional circunstancia sanitaria. Todo ello es cierto y válido como observación y objeción, PERO lo realmente grave, lo esencial, a nuestro criterio, es la profunda “ilegitimidad de origen” de éste intento.

No nos detendremos en la fuerte crítica que merece la Administración de Justicia en todo el país, por su arcaísmo, inoperancia, la generalizada decadencia intelectual de sus miembros (NO de todos por cierto), el quebranto moral y la predisposición de muchísimos de ellos a someter el derecho a la conducción política de turno.

Iremos pues intentando fundar en la forma más resumida que nos sea posible, tratando de no caer en excesos de tecnisismos jurídicos pero tampoco en reduccionismos, ya que nuestra posición está fundada en una visión jurídica de nuestra crisis institucionalidad y la progresiva pérdida del “estado de derecho” en nuestra patria.

1.- LA INCONDUCTA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO:

En los pocos meses que lleva en ejercicio, la actual administración del Estado Nacional ha demostrado con hechos consumados, una actitud de indiferencia y omisión de las normas, principios y valores que instituye nuestro sistema constitucional y el plexo legal regulatorio consecuente.

Falsamente apoyado en cuestiones fácticas y en abusivas interpretaciones de normas, ha desplegado un verdadero catálogo de irregularidades constitucionales, y lo sigue haciendo casi cada día, en cada acto de los órganos ejecutivos, principal aunque no únicamente.

A modo de “muestra” recordemos:

QUE el PE en un solo acto, la intentona de “intervenir” la empresa privada Vicentín, violó los límites de sus potestades legítimas, dictando un DNU por fuera de la excepción que le autoriza el artículo 99 inciso 3 de la CN, YA QUE  ni siquiera era un tema de urgencia institucional o administrativa, y por cierto su contenido trataba una materia de derecho privado, que nunca pudo ser regulada por el PE; además y por todo ello, no se podía alegar que el Congreso no tuviera tiempo y oportunidad de tratarlo con posterioridad, como el propio decreto lo hacía respecto de una posible expropiación. AMBAS iniciativas son materias exclusivas y excluyentes del PL, y una orden de intervención, lo es del PJ. También con esa norma violaba el artículo 109 de la CN, que prohíbe en forma terminante al PE ejercer funciones judiciales, o arrogarse el conocimiento de causas pendientes. Es decir que se estaban usando potestades que no le correspondían ni tenían sustento legal en otros fundamentos que se intentaron a modo de explicación o justificación, que un órgano de tal envergadura no se puede permitir. No solo se lo impide la CN sino que desatendía el principio de “ejemplaridad” que debe respetar el Estado en sus conductas, en garantía de los derechos de los ciudadanos, de modo que ante la duda sobre si puede o no ejercer cierta función o realizar algún acto, debe abstenerse de cometerlo, puesto que “la máxima institucional” es que “no puede el Estado hacer nada que no le esté EXPRESAMENTE permitido o autorizado por ley” y nada de lo que hizo lo estaba.

QUE ese DNU no solo no respetaba los límites potestativos del PE, sino que lesionaba directa y gravemente “el régimen institucional republicano de división de poderes”, pues lo que disponía, lo hacía arrogándose facultades ajenas, a costa de las potestades de los otros dos poderes del Estado. Respecto de la facultades legislativas y judiciales dice la CN en su artículo 99  inciso 3: “El PE  NO PODRÁ EN NINGÚN CASO BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE, EMITIR DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGISLATIVO”, y en el 109: “EN NINGÚN CASO EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN PUEDE EJERCER FUNCIONES JUDICIALES, ARROGARSE EL CONOCIMIENTO DE CAUSAS PENDIENTES O RESTABLECER LAS FENECIDAS”.

QUE como si tales excesos y arbitrariedades, contra o por encima de los poderes legislativo y judicial, no fueran suficientes, con esa norma se “violaba el régimen federal”, que en nuestro derecho constitucional es una de las características de la “forma de gobierno” que consagra la CN en su artículo 1º (“representativa republicana federal”, siendo el PLN con su Congreso Nacional,  el órgano de ejercicio de ese federalismo) y que es además el “sistema de organización institucional  del Estado Nacional”, que es “federal” porque en él están integradas (“federadas”) las provincias, que son los Estados que lo componen. Pues bien, en la división de potestativa entre las Provincias (fundadoras del Estado Nacional) y la Nación, aquellas delegaron en éste infinidad de materias y cuestiones, decidieron expresa o implícitamente compartir otras, pero también se reservaron algunas en forma exclusiva como manifestación de sus propias soberanías, calificadas en conjunto en nuestro derecho como “autonomía provincial” (J.B. Alberdi usaba ambos términos como sinónimos). Entre éstas últimas, está la potestad de organizar sus propias administraciones de justicia. En el caso Vicentín, estaba ya actuado la justicia provincial especifica en la materia de concursos, aplicando las leyes de fondo (nacionales, federales) de aplicación en todo el territorio, pero a través de tribunales locales (provinciales); es decir, estaba funcionando el sistema judicial según el régimen federal. El DNU le pasó por encima de un plumazo.

Es decir que el PE en un solo acto normativo, ignoró (o si se prefiere, arrasó) con todo el sistema institucional instaurado en la CN.

QUE bajo el actual gobierno, otros organismos (dependientes, descentralizados o autárquicos, como por ejemplo la AFIP o la IGJ) han dictado normas inferiores (actos administrativos formales y también simples instructivos) que en casi todos los casos, con excusas operativas y últimamente sanitarias, limitan el ejercicio de los derechos individuales que son sometidos a reglamentaciones burocráticas en beneficio de esos organismos, no de los ciudadanos, pues imponen requisitos y exigencias restrictivas sin ningún fundamento o finalidad legal de mejora eficiencia y transparencia.

QUE este gobierno y sus adherentes con funciones legislativas, ha puesto a la luz, por propias manifestaciones irrefutables, la ruptura o abandono definitivo de la otra forma de gobierno constitucional: el principio, régimen y sistema “REPRESENTATIVO”, esencia del ejercicio de la soberanía del pueblo en nuestra organización jurídico institucional, y eje o nexo o eslabón inexcusable para que los otros dos componentes de nuestra forma de gobierno nacional funcione. La nuestra es una “democracia representativa” y ninguna otra forma de ejercicio de la misma es admisible, pues se desvían de la real y efectiva participación ciudadana.

En nuestra patria, la democracia, “o es representativa y republicana…o no es democracia”. Pues bien, durante un anterior gobierno del mismo signo político, se hizo habitual describir la obediencia de sus legisladores, como una “escribanía”…injusta e incorrecta manera (e inexacta y lesiva para los profesionales del derecho notarial) de describir lo que en verdad es una sumisión ignominiosa e indigna, a las órdenes políticas de sus jefes partidarios, ignorando total y despectivamente los mandatos que deben cumplir, según sus electores, sus conocimientos y su conciencia personal.

Bastará constatar los dichos de una legisladora nacional (que últimamente parece ser una de las destacadas dentro del oficialismo por contar con el aliento de la Vice Presidente de la Nación) días pasados en plena reunión o sesión (en la que se produjo una diferencia de opinión entre el Presidente de la Nación y su Ministro de Salud respecto de un proyecto de ley) en la que pidió la palabra para “decir” que del Ejecutivo “se había comunicado con ella” a fin que por su intermedio “se transmitiera la orden de votar el texto tal como lo envió el PE”.

Es la confesión pública de la ruptura y abandono de la representatividad de esos legisladores, que son mayoría en el Congreso. O sea, demostró (por fin, ya que se decía desde hace mucho) que tal principio, consagrado en la CN como “forma de gobierno”, no era ni iba a ser respetado por esa bancada, que prefería obedecer órdenes con tal de formar un bloque cerrado en conjunto con el resto del gobierno de su partido. Es decir que “de parlamentarismo”, literal, jurídica y políticamente…NADA.              

 EN CONCLUSIÓN, con sus propios actos, el actual gobierno, a través de cualquiera de los órganos del Estado que SUS autoridades elegidas deben administrar, de SUS representantes, de SUS funcionarios y de otros adherentes, HA MANIFESTADO CON OBRAS Y CON PALABRAS, que NO ESTÁ DISPUESTO A RESPETAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE NUESTRA CN.

Un gobierno que transmite tales certezas a la sociedad, NO TIENE AUTORIDAD MORAL, pero peor aún CARECE DE LEGITIMIDAD para imponer un transformación, parcial, de uno de los Poderes del Estado, que de todos modos no respeta. No puede un gobierno que no es confiable, plantear una reforma como la que propone.

2.- DOS APUNTES CONCEPTUALES, de Profunda Raigambre Jurídica:

2.a- La Democracia: no es un instituto ni una declaración de la CN, que nunca la nombra, sino que es un sistema de organización de la sociedad para su convivencia, y de la estructura y sentido de la creación de un Estado, que sea la vía y herramienta para el desarrollo social individual y colectivo, bajo la condición esencial que nunca se sobreponga a los ciudadanos en desmedro de éstos, sino que funcione como la vía apta para el entendimiento del pueblo entre sí y en su relación con el poder que le entrega al Estado.

Es pues un sistema basado en la premisa que la “soberanía”, es del pueblo, en sentido genérico y puntualmente de la ciudadanía en términos específicos referidos a una nación, que poseyendo la potestad originaria y la libertad de acordar, crea una organización política, con una estructura, un orden y unas normas de relación y conducta que le permitan convivir en paz, desarrollarse sin menoscabo de la individualidad, pero con la ligazón de pertenecer a una misma sociedad.

El momento inicial pues de dar origen a la organización nacional, representa, expresa o tácitamente, la concreción de un pacto o acuerdo de unidad y respeto de las diferencias inevitables que se comprometen a superar con objetivos y concordancias mayores (el “contrato social” lo llamó J.J.Rousseau, el pensador que configuró tal idea).

 En la Argentina comenzó en 1810, desde cuando los por entonces ciudadanos de nuestra patria, fueren nativos o no, plantearon su determinación de liberase de la dominación colonial y  auto determinarse, ejerciendo el derecho de asumirse como un pueblo soberano ante el resto del mundo. Fueron las “provincias” las “células madre” de la futura nueva nación independiente; ellas no eran más que simples ámbitos distintos (sin límites definidos) sobre territorios contiguos, que hasta entonces conformaban la Provincias Unidas del Río de La Plata según la organización colonial. La auto conciencia de su existencia y su destino, asumida sin necesidad de definición jurídico política, fue pues desde el principio, la de “distintos territorios cuyos habitantes tenían la intención firme de unirse”. Después de pasar por todo tipo de empatías y odios, de acuerdos y luchas, de diferencias de ideas e intereses; y habiendo experimentado también de hecho o con mínimas estructuras de derecho y sobre todo de poder, diversas formas de gobierno propios y comunes a varias, decantó en un “sistema democrático regulado” de carácter republicano, que es el que tenemos, y que, como lo dijimos antes, si no se ejerce bajo esa forma republicana, no es la democracia que eligió nuestra nación y se viola su esencia.

El término ha sido desvirtuado y sobre todo tergiversado por razones de mera conveniencia, no de convicciones, incluso por aquellos que en verdad son “a democráticos”, o “anti democráticos”, en el afán de disimular su verdadera ideología, usando esa palabra para poder desde dentro del sistema de libertad y auto determinación, socavarla, al amparo y ejercicio de esa libertad que el sistema otorga a todos, y que esos falsarios quieren suprimir en mayor o menor medida, pero siempre en detrimento de la misma, para hacerse del poder, consolidarlo y aumentarlo.

En nuestro país hemos sufrido intentos totalitarios desde dentro de la democracia, sirviéndose de los beneficios de ésta, siendo el último intento el de los 12 años del llamado “proceso K”, que declamando ideología, en verdad lo que quiso fue instalar una concepción de la política del poder que es ostensiblemente una versión del fascismo del siglo XX.

Todo accionar de concentración del poder en pocas manos respecto del total de la ciudadanía, y en poquísimas manos dentro de la propia tropa política, toda afirmación de jefatura en vez de ganar liderazgo, todo intento de imponer decisiones en vez de proponerlas, toda conducta  inconsulta concretada en la presentación de hechos consumados, toda omisión o minimización del debate, son claros signos de aquella tendencia e intención disfrazada de democracia, dirigida a sustituirla. Sus agentes declaman democracia, pero no hablan de república, apelan a la voluntad popular que expresa el voto, pero dirigen (en verdad, mandan) a espaldas del pueblo, anteponiendo sus propias conveniencias muy por encima de las de los ciudadanos. La ignorancia y la decadencia cultural juegan a su favor, y por eso las alientan.

2.b-El “estado de derecho”: es la expresión que define la conducta pública y privada de un país, en el cual las normas regulatorias nacen de razonables consensos logrados cumpliendo con los mecanismos legales establecidos para ello en el funcionamiento de sus instituciones, de modo que las normas nazcan con la legitimidad que les otorga autoridad de aplicación, por su sola existencia, que se presume legítima (en nuestro derecho es la “presunción de legitimidad de los actos públicos” que sin embargo puede ser atacada y descalificada, solo por vía judicial) y la sociedad cumple, respeta y hace respetar.

En la Argentina hace ya muchos años que nos hemos salido de esa condición: las reiteradas conductas ilegítimas, ilegales, inconstitucionales que emanan del Estado en todos sus niveles y formas, ha generado “en espejo” una anomia social generalizada.

Los ejemplos, referencias o menciones más claras del andar público, son abundantes. Veamos solo algunos de ellos:

La ausencia de presupuestos (básica ley de leyes) y/o su manipulación (en los regímenes de “emergencia quasi permanente” en que vivimos).

La “interpretación extensiva” de los alcances de las leyes y régimen de emergencias públicas que se ha instalado, totalmente contrario a lo que dice la CN y la doctrina tradicional de la CSJN, que marcan lo estrictas y expresas de las autorizaciones que se le otorgan al PE, las que además deben ser limitadas en su alcance (que no anulen o entorpezcan sustancialmente el ejercicio de los derechos individuales y garantías constitucionales) y temporalmente. La mera reiteración del régimen por prórrogas temporales o modificaciones, rompe aquellas limitaciones. Los contenidos genéricos en el texto de las leyes que la declaran, se apartan del principio ya mencionado por el cual el Estado no puede hacer lo que la ley expresamente le permite, y eso es así específicamente también en las situaciones de emergencia, las que no pueden ser el fundamento para salirse de todo límite legal. PERO lo peor de esas amañadas interpretaciones que se realizan desde el poder público…a favor del propio poder público, es que el PE se arroga un alcance genérico a su favor.

Debe quedar en claro que ni los estados de emergencia declarados por ley, pueden implicar la “delegación de potestades del PL al PE”. Lo que el PL le otorga al PE para esas circunstancias especiales y siempre transitorias, es “relevarlo de algunas limitaciones legales a las que está sujeto en su función ejecutiva SOLAMENTE, como órgano a cargo directo de la administración pública, NO OTRA COSA”. El ejemplo típico es el permitirle que haga legítimamente contrataciones directas, sin los requisitos de la ley de contabilidad; o sea actos depura administración, NO legislativas NI judiciales. Las situaciones de emergencia NO puede alterar el “sistema tripartito de organización del Estado y las divisiones potestativas entre los mismos”. De lo contrario bastaría una ley que declare una emergencia, para cambiar toda la forma de gobierno del artículo 1º de la CN…aunque fuera “por un ratito”; un dislate impensable, que sin embargo se permite el PE bordear y hasta rebasar basado en la legislación de emergencia a la que interpreta en su favor con el alcance que le parezca, necesite o le convenga.

De ese modo reina la arbitrariedad, hasta límites impensables que no resisten el menor análisis jurídico constitucional. Lo estamos viendo y sufriendo en la actualidad, en que se restringen hasta las libertades individuales, ¡¡¡bajo penalidad para el infractor!!! ¿Se están creando nuevos delitos e infracciones (“por desobediencia a la cuarentena”) a costa del PL (y de las libertades individuales)? El PE decide por su propio arbitrio qué actividades pueden realizarse y cuáles no, creando incluso categorías clasificatorias, calificatorias y divisorias de las actividades de los ciudadanos, imponiendo a su criterio si las hay esenciales o no, y cuáles lo son, descartando a las otras,  que quedan presas de la prohibición.

Al mismo tiempo se sigue gobernando por DNU sosteniendo que no están dadas las condiciones para que funcione el Congreso. Una falsedad burda, ya que el PL para el funcionamiento del Estado es tan “esencial” como el PE, máxime porque sus miembros no son empleados de la administración pública, sino miembros electivos de la legislatura. ¿Por qué el PE puede moverse con plena libertad y actuar, y el PL no? Siendo que  precisamente de éste último depende que el otro funcione legalmente, ejerciendo las facultades de administración (Y SOLO DE ADMINISTRACIÓN) que el PL le otorgó, bajo el constitucional control de éste para garantizarle a la sociedad que no se ejercerán en forma excesiva o arbitraria (“frenos y contrapesos” ineludibles se esté o no con una ley de emergencia).

Esa ausencia de control  está sucediendo con el dictado de los DNU para cualquier cosa, bajo la doble falacia de sostener por un lado que el PL está en receso (¿por qué no se lo convoca como actividad esencial?) y que por ello se torna imprescindible dictar esos decretos, y basado en esa mentira jurídica, por otro lado que por esa vía puede tratar cualquier tema, solo “diciendo” que es urgente, que no puede esperarse a que el PL trate un proyecto de ley al respecto…fue así como se dictó el DNU para el caso Vicentín, en el que se trataba de un caso de derecho privado, una “materia ajena a la administración pública” (condición exigida por la CN en el 99-3), y sosteniendo que era “urgente resolverlo” decretando la intervención. Toda una calificación y declaración sobre el caso, totalmente irreal, auto justificándose el PE con argumentos falaces.

2.c- En resumen, los ejemplos de tales abandonos del pacto democrático y de los quebrantos del estado de derecho, por parte del accionar del Estado en manos del actual gobierno, sobran, ya que se ha tomado ese modo de regular y gobernar en forma “sistemática”, agravando la desconfianza sobre las conductas gubernamentales, que se nos representa de inmediato ante un intento de reforma, nada menos que del sistema judicial federal (aunque parcialmente, lo cual lo hace más sospechoso), como el que estamos tratando en este informe.

3.- LOS VICIOS DE LA INICIATIVA:

Habiendo descripto el contexto y enmarcado los conceptos en juego, pasemos al análisis pormenorizado de la “iniciativa” planteada por el PE.

3.a- Por todo lo antedicho, queda claro que ha sido elaborada en forma unilateral, sin consulta alguna a los sectores más involucrados en ella, ni a los más idóneos en la materia, y por cierto sin ninguna interconsulta a la oposición política; es decir, gestada unilateralmente (nada menos que para una reforma del Poder judicial federal) y lanzada como una decisión ya tomada, como un hecho consumado de la propia y única voluntad política de realizarlo. Eso solo peca de anti democrático, pero además de dudosa calidad intelectual y sobre todo, de sospechosa finalidad intencional.

3.b- La “vía” elegida es ostensiblemente inconstitucional: un DNU, dictado a la sombra de la cuarentena y aislamiento, que el propio gobierno decretó, (y por lo tanto bien podría modificar) lo que dificultaría el funcionamiento del Congreso y facilitaría la justificación del uso de esa herramienta excepcional; alegando una urgencia indemostrable y nada visible, por inexistente en verdad; y fundado en la falsa interpretación del alcance facultativo de la declaración de emergencia (tema ya desarrollado en este informe) de modo de permitirse usarlo para cualquier tipo de materia, y hacerlo en sustitución del Parlamento, como si fuera una simple y rutinaria mecánica legislativa, cuando en verdad es una arrogación de potestades que el Congreso no delegó, ni lo podría hacer sin violar esencialmente la forma de gobierno constitucional (la división de poderes, tema también ya desarrollado en éste informe).

El Parlamento está funcionando, aunque por ahora lo haga en forma virtual, pero además el PE que se permitió en principio prohibir toda actividad, luego distinguir algunas como excepción, calificándolas de esenciales, pareciera que ante nada menos que la actividad del PL, se inhibe de ponerlo en la categoría de excepción…y a la vez decir que como no funciona, opta por dictar un DNU.

La presunta urgencia no existe y eso es “de público y notorio”; nadie puede seriamente pensar que una reforma judicial es urgente, jamás, y sería aun más sospechoso si se logrera introducir el proyecto y después se lo urgiera. El pueblo no necesita, ni pide, un “urgente cambio de la Justicia federal Penal, que no le atañe en forma personal y directa”, ya que es la que juzga a los funcionarios básicamente, por denuncias de delitos contra la Administración Pública, no contra las personas individuales, salvo que sean autores de delitos considerados también de jurisdicción federal…y eso no afecta personalmente los derechos de la mayoría. Por lo demás, el sentido y la envergadura del tema judicial, que sí requiere una reforma a futuro, bien estudiada y debatida, debe apuntar especialmente a la justicia ordinaria y contencioso administrativa, nacional y provincial, que es la última instancia y refugio de las garantías individuales de los ciudadanos; por lo tanto una reforma de la misma requerirá acuerdos y coordinaciones sobre la base de coincidencias esenciales que luego cada jurisdicción organice. Esas administraciones de justicia ordinaria local, tienen los mismos vicios genéricos (aunque con muchísimas excepciones individuales de jueces y funcionarios correctos y hasta ejemplares) de arcaísmo, decadencia, ineptitud y hasta corrupción, como también sumisión al poder en la materia contencioso administrativa en donde la desproporción entre el ciudadano del común y el Estado es monumental y por lo tanto requiere de la mayor independencia, objetividad y especialización. ¿Puede por lo tanto aceptarse, ante los simples argumentos circunstanciales del PEN (que suenan más a un “relato” que a verdaderos fundamentos, razones e intenciones de atender al interés general de la población) la existencia de un caso urgente?

Dijimos recién que la naturaleza de la materia a reformar, el sentido, alcance y envergadura del tema contenida en esa iniciativa, son ajenos a las potestades regulatorias del PE, y por lo tanto mucho menos las podrá ejercer a través de un DNU.

Toda esa estructura de fundamentos y justificaciones, es pues fácticamente falsa y jurídicamente de una inconstitucionalidad ostensible.

3.c- En resumen, la iniciativa es inaceptable a priori (judicializada como pretensión del PE ameritaría que del Juez que le tocara, un rechazo “in limine”). Más allá, y aún antes de un análisis técnico detallado del proyecto (que no conocemos aún) corresponde de parte de la civilidad con sus representantes, un rechazo absoluto, para impedir su avance y su tratamiento parlamentario, por vicios esenciales de ilegitimidad al grado de inconstitucionalidad. Según nuestra CN y sistema jurídico, NO se puede subsanar vicios de origen de normas ilegítimas, y en cuanto a los DNU y la intromisión directa del PE en materia judicial, como ya hemos visto, están específicamente tratados y condenados en los artículos 99-3 y 109. Los legisladores no pueden tratar pues iniciativas ilegítimas sin caer ellos mismos en ilegitimidad, y producir actos legislativos inconstitucionales.

4.- LAS PAUTAS DECLARADAS POR EL PE:

No habiéndose dado a conocer públicamente el anteproyecto de ley, contamos con el detalle del documento escrito que plasma lo que presentó el Presidente en forma oral, y sobre su base iremos comentando los ítems que él mismo puntualizó, dando nuestra opinión de cada uno, y referenciando nuestros comentarios con lo ya expresado y desarrollado en otros puntos de este informe.

El planteo del intento de reforma tiene claramente dos temas diferentes que a pesar de presentarse como igualmente valiosos y prioritarios, queda evidenciada la mayor urgencia de resolver uno de ellos antes y por encima de los otros.

Los temas son: la reforma de la composición y funcionamiento de la CSJN, y la reforma de la Justicia Federal, muy especialmente la del fuero penal.

Siguiendo la evidente prioridad presidencial, los comentaremos en el orden que acabamos de enunciarlos:

4.a- La CSJN: pese a haber mantenido tanto el Presidente como la Vive Presidente, desde siempre y desde otros cargos electivos de la función pública, tanto como en afirmaciones personales públicas, que la composición ideal de la Corte era la tradicional de cinco (5)  miembros, opiniones consolidadas especialmente a partir de la experiencia de la “Corte ampliada” del período “menemista” que mostró que con el mecanismo de una reforma de la composición y una mayoría sumisa de legisladores, se lograba la manipulación de la integración de los nuevos Jueces que conformaron la conocida como “mayoría automática” que facilitaba fallos favorables o coincidentes con el interés del gobierno.

No obstante ese criterio anterior de los actuales gobernantes, ha mutado de improviso y están dispuestos a revisar tanto la composición numérica como la personal del tribunal, así como su funcionamiento.

Ya de por sí tal pretensión sorprende al tratar de hacerse de inmediato, presentándola como decisión irrevocable (otro “hecho consumado” respecto de la opinión pública) lo que no resulta un acto de gobierno muy democrático.

Pero mucho peor es la manera en que se ha decidido realizar el proceso que lleve a la pretendida reforma, porque en él está la inexorable lesión de su inconstitucionalidad.

Por de pronto, el órgano superior del PE (el Presidente) resuelve entrometerse directamente en una modificación del órgano superior del Poder Judicial y de hecho “ordenarla”: el sistema republicano de división de poderes, la independencia de los tribunales judiciales respecto de los otros poderes del Estado y particularmente del gobierno político de turno, la estabilidad de los jueces y demás principios constitucionales rectores en la materia…”bien gracias” (no vale la pena abundar en conceptos jurídicos conocidos y ya vistos en este informe).

Pero resulta que el funcionamiento del más alto tribunal de la Nación y decidir sobre la necesidad de su reforma, será “evaluado”, es decir, auditado por lo menos, pues para llegar a conclusiones y dar opinión, deberá acceder al mecanismo y gestión interna de la Corte. El PE no puede hacer tal cosa, obviamente, sin embargo lo hará, y de la más flagrante manera de cometer violaciones constitucionales, porque: nombrará un “Consejo Para Afianzar la Administración de Justicia en la república argentina”, que actuará (teóricamente) como “Cuerpo Consultivo del Presidente de la Nación”; contará en su conformación con la cantidad de miembros que éste decida, y lo integrarán las personas que él designe. Es decir, una decisión, armado e integración de un cuerpo “para-estatal” surgido del puro arbitrio presidencial, al que le otorgará “el poder del saber” pues a los designados los considera “notables”, les entrega la gestión de auditar a la CSJN y, como si tanta desviación no fuera suficiente, él mismo (no el señor Fernández, sino el titular del PEN) delega en ese Consejo la generación de “proyectos” de modificación legal (empezando por la de la CSJN por cierto) comprometiéndose a que “TODOS” los proyectos que de ése Consejo emanen serán elevados al Congreso.

Es decir que no solo usando un “organismo inorgánico” creado arbitrariamente y solo por propia decisión del PE, se pasa por encima de la CSJN y del PJ, sino que el propio titular del PE resigna su jefatura y delega en ese cuerpo consultivo la decisión y contenido de los proyectos que a ellos le parezca, y que el PE elevará como propios al Congreso. En otras palabras: quedamos los argentinos sometidos a ese Consejo en materia de reformas judiciales, porque el PE ha resignado su función dejándola en manos de aquel.

Ni qué decir de los nombres que se han mencionado para integrarlo, con personas que tienen restricciones legales, éticas y políticas. Una manipulación total, lo que traduce una idea y un objetivo predeterminados.

4.b- La Justicia Federal Penal: es la otra gran prioridad del intento, creando un “nuevo fuero”, sobre la base de “desarmar” el Fuero Penal Ordinario Nacional. Esto es difícil de entender para un lego, pero lo intentaré muy resumidamente: mientras la Capital Federal fue territorio nacional, en su ámbito se creó y funcionó una organización judicial local como la de cada una de las provincias; como en el caso el territorio era nacional, a esa justicia “ordinaria local” de los diversos fueros (civil, comercial, laboral y penal básicamente) se la llamó también “justicia nacional” aunque en verdad era “local”. Los tironeos a que se sometió la real y completa autonomía del nuevo territorio federado, la CABA, después del pacto federal hecho en el contexto de la última reforma de la CN e incluyéndolo en ella, la organización judicial fue un punto mal resuelto o en verdad no del todo resuelto. En ese sentido, la idea de esta reforma es bastante razonable, pues apunta a “desarmar” esos tribunales nacionales del fuero penal, repartiéndolos entre la CABA (pasarían a ser parte de su organización judicial) y el PJ federal penal, creándose con ellos nuevos juzgados. Eso implica una infraestructura descomunal con un costo acorde; pero allí lo principal será que si se hace, se respete la integración actual de esos juzgados nacionales en lo penal y cada uno de ellos pase a ser federal, pues aunque las materias no son idénticas, son expresiones de un mismo derecho penal básico, y la especialidad diferente será fácil de superar dada la preparación profesional de sus miembros. Tal como se lo presenta hasta ahora, ese tipo de seguridad o garantía de no desintegración total y reparto manipulable, no está dad, y de todas maneras se trata de un solo aspecto de la reestructuración que se pretende sobre todo el fuero federal penal actual, con los antecedentes de politización y pertenencias políticas. Se supone que esas son las cosas que deberían cambiar para bien según lo declama el Presidente en sus pautas y postulados…el problema es la credibilidad y la transparencia de todos los procesos que deberán seguirse si la iniciativa prospera.

4.c- El fuero en lo Contencioso Administrativo, se propone su unificación de y con los federales. Eso es lo contrario de los que haría falta, ya que la creciente complejidad del derecho administrativo y especialmente el derecho tributario y fiscal, lo que se necesita para darle seguridad a los ciudadanos, es que los jueces se especialicen en las distintas ramas y no que se unifiquen tanto las materias como los fueros existentes. De todos modos éste es también un tema técnico organizativo discutible.

4.d-El nuevo sistema “acusatorio” (nuevos roles de jueces y fiscales) y la propuesta de “fortalecer” al Ministerio Público, organismo nacido en la última reforma, que pese a la buena intención al crearlo a generado presiones y disputas políticas, demuestra que también en el ámbito judicial, este gobierno prefiere enfatizar lo ejecutivo sobre lo judicial propiamente dicho.

4.e- Lo mismo se da y se muestra en el anuncio de “mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, otro organismo nuevo que ha sido objeto de cambios basados en los intereses políticos, es decir, exactamente lo contrario del motivo y destino para el que se lo creó. Y precisamente esos cambios los produjo un gobierno del mismo signo partidario político que el actual. Otra vez, la intención es más alarmante que alentadora de un cambio necesario y auténticamente mejorador.

4.f- Y qué decir de la intención de “modernizar el Código Penal”, en manos de las actuales mayorías parlamentarias…

4.g- En resumen, que las declamaciones de objetivos, y las pautas declaradas, no despejan las dudas y desconfianzas.

Por el contrario, la elección de ciertos y determinados ámbitos del PJ para someter a reforma, frente a la realidad judicial de muchos miembros del actual gobierno y otros vinculados (con función pública o no) así como el tipo y naturaleza de los cambios pensados y el modo de alcanzarlos, traduce más bien la idea de un reforma en beneficio de los funcionarios públicos y otros “ amigos” enjuiciados, y no en beneficio de la independencia, transparencia y eficiencia del sistema judicial, que por cierto es mucho más amplio que el estrecho objetivo reconocido de modificar solo un fuero, y al máximo tribunal de la Nación, nada menos.

Todo hace pensar que lo que en verdad quieren cambiar, no es “la administración de justicia”, sino “los jueces”… y lo antes posible.

Y luego, además (solo además)  armar a futuro un sistema, organización y composición judicial, que en vez de asegurar la libertad de ejercicio de sus magistraturas, sea lábil al poder, más aún de lo que hoy es, y de lo que hemos conocido hasta ahora.

 DEDUCCIONES, REFLEXIONES Y OPINIONES PERSONALES

Hasta aquí hemos desarrollado un informe sobre bases jurídicas, lo más objetivo posible, lógicamente limitado por nuestra personal formación profesional, y basado en los principios aprendidos en el derecho argentino.

Pero día a día se suceden hechos, anuncios, declaraciones y noticias de probables adelantos referidos a este tema de la reforma judicial. Y todos reiteran la misma orientación intervencionista e imponente.

Si es verdad por ejemplo que se piensa en armar una justicia provisoria con la creación de juzgados pero sin jueces definitivos, dado el tiempo y las dificultades para llegar a eso, estaríamos ante una “reforma de hecho”, con jueces que querrán quedar más adelante confirmados, para lo cual muchos de ellos podrían estar dispuestos a ser dóciles para hacer méritos políticos y lograr su efectiva designación en un futuro próximo.

Lo que sí ya ha acontecido es la derogación de la norma dictada por el gobierno anterior respecto del sistema de “subrogancias” que se hizo precisamente como un primer paso para evitar las designaciones arbitrarias y poco claras.

En fin, que dentro del panorama y estado de situación del derecho y nuestras instituciones que hemos ido planteando, y frente al análisis que todo ciudadano hace de su sociedad, tenemos todo el derecho y el impulso de ensayar algunas deducciones reflexiones y opiniones subjetivas, jurídicas o extra jurídicas, que volcaremos a continuación.

LAS NECESIDADES DE LA VICEPRESIDENTE y otros miembros del gobierno y de su espacio político: en el caso de CFK, están ya en la CSJN algunos recursos presentados por su defensa, pendientes de ser resueltos; tiene abiertas muchas causas en curso, algunas muy avanzadas; están en riesgo judicial sus propios hijos. Esa conjunción, puesta frente a la iniciativa de reforma, amerita la siguiente deducción: el cambio de la Corte es urgente, porque necesita que sus recursos caminen, ya que si son rechazados, se acelerarían los procesos a que está sometida; si por el contrario prosperan, se alargarían, lo que le daría tiempo para lograr la reforma del resto de la justicia federal penal, otorgándole la oportunidad de que le cambien los jueces actuales que no le convengan a sus intereses; y si la reforma se consolida y amplía, le dejará a sus hijos y socios un sistema judicial proclive a beneficiar a quien esté en el poder, ya que ella está trabajando para su sucesión nepótica. Pareciera pues que ése sería el móvil inmediato de esta reforma y la absoluta prioridad sería el cambio de la Corte.

LA IDEOLOGÍA: no tengo duda alguna que “el proceso K” anterior era un proyecto totalitario de claro corte fascista, a desarrollar desde dentro del sistema republicano, durante el cual, ante la prioridad de consolidar la riqueza personal, justificada por NK en la necesidad de tenerla para hacer política vinculada al poder, que era la única que entendía y le interesaba, se debía hacer discursos y gestos políticos indoloros a favor de los ideólogos que lo acompañaban, pero sin dejarlos entrar en el poder real. Por eso armó un equipo completo (gabinete y otros más) de “pingüinos” sin intromisiones de elementos del lado ideológico de izquierda que lo acompañaban con relato pero sin participación en el poder y sus beneficios, salvo en los casos puntuales que él concedía.

Ese proyecto se cumplió ampliamente en cuanto a su primer objetivo, y tal vez se hubiera hecho “sostenible” (en todo sentido) si no hubiera desaparecido su autor y jefe. Estaba concentrado en su persona, quien mandaba no por simpatía, carisma o liderazgo, sino por autoridad exacerbada, premios y castigos hasta el mal trato personal. No buscaba el afecto sino el temor. Gobernó a pleno populismo fascistoide, solo para su propia conveniencia.

Pero “el ala ideológica” a la que ella (CFK) es proclive (con un cinismo extraordinario, ya que su soberbia, su sentimiento de la superioridad y su desamor de aquellos que decía amar y defender, hizo que ni siquiera se dejara tocar por la gente) quedó insatisfecha con aquella aventura en la que pusieron (genuflexión, aguante e invención de relato) mucho más que lo que obtuvieron (sueldos, financiamiento a ciertos medios y actividades y no mucho más). Está claro que pese al esfuerzo de tratar de presentarse el actual gobierno, como algo diferente, el proyecto detrás del Presidente es el mismo de entonces. La diferencia principal entre ambos “proyectos de poder”,  es que “aquel fue por plata”, y éste es “por ideología para cambiar el sistema”.

LA ESTRATEGIA “anti sistema desde adentro del sistema”, dada la imposibilidad de imponerse de otro modo, consiste en socavar las bases del sistema republicano de libertades efectivas y todo lo que provenga de una cultura liberal a la que intencionalmente confunden con las doctrinas y hasta dogmas llamados liberalismo, deteriorando la representatividad sustituyéndola por la obediencia vertical, y diluyendo las autonomías provinciales sometiéndolas a la dependencia financiera del Estado Nacional (esto lo llegó a lograr CFK en su gestión presidencial, pero no quedó consolidado por su derrota electoral).

El terreno propicio para no escandalizar a la sociedad burguesa sino por el contrario sumar adeptos, fue siendo preparado durante aquellos fatídicos doce años del primer proceso K. Néstor los dejaba hacer cosas que para él eran pequeñas y poco interesantes ya que no aportaba ni votos ni fondos, y de ese modo los seguía teniendo de su lado sin que lo molestaran en sus negocios políticos y económicos. Así ocuparon los medios de difusión disponibles y otros que lograron que el gobierno les consiguiera para ponerlos a su servicio, acentuaron insistieron y persistieron en la difusión de sus ideas, fueron adoctrinando desde los ámbitos y espacios culturales, especialmente expresiones de cultura popular, filtrando hacia la educación en la que lograron instalar pautas totalmente ajenas a las clásicas.

Ese fue la llamada “batalla cultural”, que sin duda ganaron, ante la pasividad y hasta indiferencia de la clase media argentina, que paulatinamente se fue convirtiendo en minoritaria, encerrándose en sus valores pero resignándolos ante las nuevas generaciones, y finalmente perdiendo su calidad axiológica de modelo de progreso y ascenso social, dejando de ser la aspiración de las clases sociales inferiores a ella, para convertirse en enemiga del pueblo; crearon así otra grieta: la clase media fue catalogada de burguesía egoísta y caduca, y hasta calificada de rica oligarquía capitalista explotadora, culpable de la pobreza de los más pobres que ella. Todo, en una jerga atrevida, confusa y llena de falsedades y reduccionismos, en la que mezcla terminología tomada de otras doctrinas y dogmas, relatos, postulados y fantasías épicas.

Pues bien, sobre esa base ya mayormente ganada, el proceso de copamiento para el cambio total del sistema, necesita ir de apoco y por porciones. En esta oportunidad es la justicia, corrompida y deteriorada por ellos mismos, absolutamente demonizada después, y a punto de empezar a ser  substituida por otra afín o al menos funcional.

La cuarentena puede ser un ensayo de un Estado policíaco al que se va acostumbrando la sociedad a medida que va aceptando más y más restricciones, empezando por las fundadas en razones presuntamente de protección a la misma sociedad, a la cual no convocaron para consultar en nada, no atendieron a sus reclamos que fueron surgiendo a poco andar y sobre todo, “en la cual no confían”, lo que queda claro desde que no le han permitido demostrar su grado de compromiso y responsabilidad frente a la pandemia, porque “esa es una conducta individual” que hay que desalentar, ya que ellos no creen más que lo colectivo, que solo el Estado puede dirigir.

Ese mismo concepto lo tienen para todas las actividades y demás manifestaciones que suceden en el seno social: la economía, que debe ser lo más colectiva y estatal posible; las relaciones laborales, que no pueden dejarse en manos de los acuerdos y contrataciones entre las partes sin que intervenga el Estado para super regular, decidir, arbitrar e incidir en forma  directa y a través de su creación prebendaría: los sindicatos sin libre asociación  ni control de democracia interna; los ahorros, que merman por el deterioro de la moneda debido a los des manejos de la administración pública; los aportes forzosos de la previsión jubilatoria, fuente monumental de financiamiento del fisco; la disposición privada del capital propio, deteriorada por la carga impositiva desmesurada y la falta de crédito…y así siguiendo.

A la mayoría de los casos nombrados, nuestra sociedad se ha acostumbrado (como se dice ahora: los ha “naturalizado”) y si bien íntima e individualmente no los acepta, los asume como inevitables, imposibles de cambiar y resigna sus derechos y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. No se atreve a rebelarse, por la enorme fuerza coercitiva del Estado, y porque para hacerlo deberá proclamar principios que culturalmente ya han sido condenados; no son “políticamente correctos”, como sí lo hubieran sido cuando eran compartidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos de todas las clases sociales que compartían una cultura de valores y principios en común.

Bueno pues, con todo ese terreno ganado, la batalla que les falta ganar es la de las instituciones y a esa están apuntando con la estrategia constante y agresiva sobre distintos focos (a algunos les ha quedado la idea de las tácticas virulentas y las estrategias “foquistas”, de otra época de militancia) de modo de ir  haciendo “trabajos parciales de zapa” debilitando, desgastando paulatinamente al conjunto, para que finalmente logren copar al Estado (la táctica del fascismo clásico musoliniano aprendido por Perón: copar totalmente el Estado y desde él controlar a la totalidad de la sociedad; por eso se lo llamó “totalitarismo”. ¿El partido? No es más que una herramienta de uso, pero sin injerencia en el poder que es personal solo compartido con aquellos a quienes elija el jefe).

Y finalmente, el último paso para el asalto definitivo, es la reforma de la Constitución, para hacer una nueva, que termine de destruir las principios que inspiraron a la actual, organice un sistema institucional y de gobierno totalitario, y blanquear todas las desviaciones cometidas en el proceso incorporándolas a las prácticas políticas e institucionales. Para entonces muchas de esas desviaciones ya estarán instaladas, como algunas de las que aquí nombramos…y como la que aquí tratamos: la organización judicial.

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