Contradicciones en la reglamentación de la Ley de Contrato de Trabajo Agrario

Entrevistamos a Rolando Rinesi, Abogado, miembro del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de abogados de Rosario y gerente del departamento Jurídico de Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Rinesi  comenzó explicando el artículo que habla de la solidaridad en cuanto a las obligaciones laborales del productor agropecuario en general. Este articulo, de acuerdo con Rinesi, es una de las cuestiones más polémicas del decreto 301/13 reglamentario de la Ley de Contrato de Trabajo Agrario (N° 26.727).  Aquí lo que ocurre es que se extiende la responsabilidad a dos opuestos bien marcados y bien diferentes.

 

Por un lado, la responsabilidad que hay para el que contrata un servicio respecto de los dependientes del contratista, cuestión que se venía dando desde hace ya algún tiempo.

 

Por el otro lado, se inscribe dentro del régimen general de solidaridad  laboral del artículo 30  de la ley de contrato de trabajo en donde lo que se busca es  evitar  que una persona pretenda eludir sus obligaciones laborales tercerizando una actividad que le es propia a un tercero insolvente. Esto es razonable y no está mal que así sea. El problema, según Rinesi, es que se extiende  la responsabilidad solidaria del arrendador-propietario del campo por las obligaciones laborales de su arrendatario. Esto implica una presunción de que toda persona que es propietaria de una parcela de campo y que por alguna razón la da en arrendamiento está pretendiendo eludir sus obligaciones laborales.

 

La verdad es que dentro de esta situación se puede obtener un abanico de posibilidades muy diferentes siendo el caso planteado anteriormente una rareza y pocas veces visto en la realidad del campo.

 

Rinesi aclaró que la manera de justificar la solidaridad laboral es evitar la supuesta intención de eludir obligaciones laborales. En otras palabras, el Estado impone a través de esta ley una responsabilidad solidaria para con el arrendatario porque presupone  que la intensión del propietario  no es obtener una renta por su campo sino eludir sus obligaciones laborales.  Es una presuposición o un pensamiento perverso que no tiene en cuenta ninguna otra cuestión que pudiera llevar al dueño del campo a arrendar sus tierras.

 

Otra contradicción marcada por Rinesi fue la que se encuentra en el artículo 12 de la ley.

 

En teoría, la retención señalada es coherente cuando el contratista no cumple con las normas estipuladas. En este caso el arrendatario, que debe pagarle al contratista, puede retener para pagar la deuda y si sobra algo ahí sí pagarle al contratista. El absurdo de esta cuestión es no pensar que en realidad es el contratista quien le tiene que pagar el alquiler al dueño del campo. Otro aspecto importante de este artículo es el papel de inspector que adquiere el dueño del campo. En este punto, Rinesi afirmó que, desgraciadamente,  cada vez es más normal que un pequeño o mediano empresario cumpla este rol.  Otro problema que tiene este artículo es su inconstitucionalidad.

 

Un nuevo aspecto que se trató en la entrevista fue la disminución de la edad jubilatoria para el empleado rural, siempre y cuando tenga 25 años de aporte.  Rinesi explicó que en este caso se aplica el régimen general en materia de jubilaciones. Lo que hay que saber es que cualquier trabajador que esté en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio, el empleador tiene el derecho de intimarlo y un año después de rescindirle sus obligaciones. Es importante que el trabajador cumpla los requisitos correspondientes. Rinesi, inclusive remarcó que cuando se leen estas leyes y reglamentaciones uno advierte el desconocimiento de la agrariedad y de lo que es el día a día en el campo.

 

Para finalizar, puntualizó la desigualdad en la asignación familiares, ya que sólo la reciben aquellos trabajadores temporarios  y permanentes discontinuos contratados a través  del servicio público de empleo.

 

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