El año pasado toda la industria frigorífica exportó por unos US$2800 millones.

La empresa agroindustrial Cresud, que integra el grupo IRSA, anunció la venta por unos US$10 millones de Sociedad Anónima Carnes Pampeanas SA, la cual era propietaria del frigorífico homónimo ubicado en La Pampa. Según pudo confirmar LA NACION, la compra del 100% de las acciones estuvo a cargo de uno de sus competidores: el Frigorífico Alberdi.

En este último frigorífico, con sede en Entre Ríos, es accionista la familia Lequio, socia a su vez del grupo agroindustrial Olio en el mismo Frigorífico Alberdi.

Ayer, a través de una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, Cresud comunicó la operación, aunque sin mencionar al comprador, e informó que el resultado contable de la operación será de una ganancia aproximada de $620 millones, la cual figurará en los estados financieros de la sociedad en el tercer trimestre de este año.

Carnes Pampeanas SA había sido adquirida por Cresud en 2007 en sociedad con Tyson Foods y Cactus Feeders. Posteriormente, la empresa incrementó su participación en el negocio alcanzando la totalidad de las acciones de la compañía en 2011.

La planta frigorífica Carnes Pampeanas se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, y cuenta, según figura en su página web, con una capacidad de procesamiento de 9500 cabezas mensuales. Posee las habilitaciones necesarias para exportar a los mercados europeos, americanos y asiáticos. En tanto, para el mercado interno trabaja con cadenas de supermercados y minoristas.

Según fuentes del mercado, Carnes Pampeanas faenó el año pasado 110.000 cabezas, ubicándose en el puesto 37 en términos de plantas con cantidad de cabezas faenadas.

“Su especialidad es la exportación con una cuota Hilton (de cortes para Europa) alta de 1422,5 toneladas asignadas en el período 2019/2020, que representó el 5,37% del total de cuota de la industria frigorífica”, dijo una fuente del sector

“Su especialización, además de cortes para Europa y China, es la faena y preparado de cortes Kosher para Israel y EE.UU., siendo una de las pocas plantas con habilitación para ese destino”, agregó.

El frigorífico de La Pampa tiene las marcas “Carnes Pampeanas” y “Estancias CP”. Vende cortes de carne bovina enfriados, envasados al vacío y congelados. Según la firma, “el 80 % de hacienda adquirida proviene de establecimientos situados a menos de 300 kilómetros de distancia”.

Como firma ligada al agro, entre otras actividades, Cresud siembra más de 284.000 hectáreas y produce más de 800.000 toneladas de granos. Por el lado de la hacienda, en su página de Internet informó a junio de 2019 un stock de 115.199 cabezas.

Nuevos propietarios

“Compramos la planta con mi hermano, a título personal. Vimos la oportunidad y la aprovechamos. La operación se terminó de firmarse ayer y hoy ya tomamos el control”, señaló a este medio Leonardo Lequio, uno de los nuevos propietarios del frigorífico.

Los Lequio están en el negocio de la industria de la carne desde hace varios años. Además del Frigorífico Alberdi, cuentan con presencia a lo largo de toda la cadena de valor ya que son dueños tanto de plantas de procesamiento como de una cadena de franquicias en donde venden sus productos.

En ese sentido, consultado por la perspectiva del sector para este 2021, Lequio explicó que no solo existe el problema de la caída de la demanda por efecto de la pandemia, sino también el hecho de que la producción bajó todavía más que el propio consumo.

“Es muy necesario que se comprenda que la solución para la industria de la carne está de la mano de generar mayor ganado y, a su vez, un mayor peso en cada cabeza de ganado que tenemos en el país”.

La Nacion
Pedro Lacour

Ambos proyectos demandarán obras por 150 millones de pesos. Beneficiarán de manera directa a 390 productores.

El Gobierno de Córdoba avanzó con la ejecución de mejoras en dos caminos rurales, en el marco del programa de mejoramiento que realiza la Provincia.

En la ciudad de Laboulaye, el ministro de Agricultura, Sergio Busso, recibió del presidente del Consorcio Caminero de Tres Colonias, Diego Tavella, la carpeta con las firmas necesarias de los productores para la concreción del proyecto de mejora de una traza que involucra a una zona de más de 19 mil hectáreas y beneficia a unos 120 productores de manera directa.

Se trata del segmento de 18 kilómetros Laboulaye-Tres Colonias, del camino S330, cuyo presupuesto estimado es de 75 millones de pesos. Une la ruta nacional 7 con la zona rural próxima a esa ciudad cabecera del departamento Roque Sáenz Peña. 

En Villa María

El mismo procedimiento se produjo en Villa María, donde productores de la región entregaron a la cartera más del 50 por ciento de las firmas para comenzar con el el proyecto Villa María- Paraje Santa Rosa. Se trata de un tramo de 18 kilómetros del camino S159, que cuenta con un presupuesto estimado de 85 millones de pesos.

Ubicada en una cuenca láctea, la obra de enripiado beneficiará de manera directa a unos 270 productores y abarcará más de 15.000 hectáreas.

Cabe recordar que uno de los pasos principales en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales es conseguir más de la mitad de las firmas de los productores beneficiarios. Una vez logrado esto, se comienza con el proceso de llamado a licitación y ejecución de la obra.

Agrovoz

El presidente Alberto Fernández saluda al presidente de México Manuel López Obrador durante una ceremonia en Iguala, México.

CIUDAD DE MEXICO.- Alberto Fernández regresa al país esta noche con un nuevo mercado para la carne argentina bajo el brazo. Al cierre de su visita de tres días a México, los gobiernos de la Argentina y de México anunciaron la apertura del mercado mexicano a las carnes argentinas, el principal logro comercial de su visita al país azteca, que cimentó su alianza estratégica con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo, que se terminó de tejer durante las reuniones de trabajo en México y fue celebrado por la comitiva presidencia y en la Argentina, implica la recuperación de un mercado para la industria y el campo que había quedado cerrado debido a la fiebre aftosa. La apertura se logró a partir de una decisión política de López Obrador. México le dará a la Argentina los mismos términos que a Uruguay: un representante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de México (Senasica) viarjá a Buenos Aires para elaborar junto a las autoridades del Senasa los pasos a seguir para armar los protocolos y habilitar los establecimientos frigoríficos.

La apertura del mercado de la carne cerró con una buena noticia una gira que había quedado opacada por el escándalo de las vacunas VIP. Fernández se llevó de México no sólo ese avance comercial, sino también el respaldo de López Obrador en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el apoyo de empresarios locales a su gestión, sobre todo, de Carlos Slim, jefe del Grupo Carso y el hombre más rico de América latina, con inversiones en telecomunicaciones en el país.

Además del acuerdo por la carne, los gobiernos de ambos países “coincidieron en la necesidad de revisar y modernizar la relación económica y comercial bilateral, y acordaron instruir a sus equipos a iniciar negociaciones comerciales a la brevedad con el objetivo de lograr un acuerdo comercial integral y ambicioso”. Y ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación técnica en agricultura, incluida la transferencia de la tecnología de silos bolsa.

La industria frigorífica esperaba desde hacía tiempo la apertura del mercado mexicano. México tiene una muy estrecha relación comercial con EE.UU. que incluye a la carne: exporta hacienda en pie, que se engorda y se procesa en la primera potencia global, y luego carne desde allí. El presidente del Consorcio de Exportadores de Carne, Mario Ravetino, celebró la decisión: “Es una buena noticia e un Mercado apetecido por nosotros de hace mucho tiempo y una nueva posibilidad para la exportación de carnes del país”.

El cierre de la gira

Hoy, en el último día de la gira, y antes de los anuncios, López Obrador y Fernández participaron de su último evento juntos: la conmemoración de los 200 años del Plan de Iguala, el primer acto de las celebraciones del bicentenario de la independencia de este país, un día puramente mexicano, que esta vez unió a “naciones hermanas“. Fernández fue el primer jefe de Estado en asistir a estas celebraciones.

Fernández y toda la comitiva argentina se trasladaron con AMLO y parte de su gobierno hasta Iguala, en el estado Guerrero, un territorio narco jaqueado por la violencia, para cerrar la gira con la ceremonia que le dio origen al viaje del presidente argentino. El motivo del acto, la conmemoración del Plan de Iguala, que en la comitiva presidencial comparaban con el 25 de mayo de la Argentina, le dio pie a Fernández y a López Obrador para ofrecer mensajes de tinte histórico y con gesta de épica que utilizaron para evocar la lucha de los próceres de México y de la Argentina, y marcar un rumbo.

“Es muy importante que en el tiempo que vivimos recordemos la historia, y recordemos cómo fue, y todas las dificultades que debimos enfrentar como latinoamericanos para poder lograr esta independencia”, dijo Fernández, quien volvió a abogar por una región integrada, unida, que “luche en conjunto para sacar de la pobreza” a millones de compatriotas de “la Patria Grande”.

“Usted ha dicho muchas veces y lo repito, Mexico y Argentina son naciones hermanas. Nuestros pueblos han luchado siempre por la libertad, la justicia y la democraica. Por la defensa de la soberanía. Y en no pocas ocasioens esas liuchas se han entrelazado”, afirmó el mandatario mexicano.

López Obrador recordó que durante la dictadura argentina hubo argentinos que encontraron refugio en México, un lazo histórico que Fernández recordó más de una vez en su visita a tierra azteca. Y mencionó a Jorge Luis Borges, Diego Armando Maradon y a Enesto “Che” Guevara.

“Yo en especial también le admiro a usted -cerró-, digno presidente de la Argentina, Alberto Fernández”.

Durante la gira, Alberto Fernández y AMLO acordaron fortalecer la alianza estratégica de ambos países a través de la reactivación de los mecanismos bilaterales de las Comisiones de Asuntos Políticos, de Cooperación y de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversión. Además establecieron un frente común para la lucha contra la pandemia de coronavirus y para luego enfrentar sus efectos socioeconómicos.

En cuanto a las relaciones internacionales, reafirmaron su compromiso con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), su respaldo a la OMS y al mecanismo COVAX que le otorgará vacunas a ambos países y convinieron en continuar fortaleciendo la carta de la OEA la cual prioriza la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar y la dignidad de las personas.

La Nacion

El presidente de Cafma, Néstor Cestari, celebró que los diversos factores que inciden en esta industria soplan a favor. Qué expectativas hay en las empresas cordobesas.

El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Néstor Cestari, estimó que 2021 será otro año con buenas ventas, y por ende producción, para las compañías argentinas que operan en este rubro.

“Si no sucede nada raro, estaremos teniendo un buen año, porque hay buenos precios de los cereales, porque el clima acompañó en gran parte del país y porque creemos que van a salir los créditos en bancos oficiales y privados a tasas interesantes”, indicó Cestari en un comunicado que dio a conocer Cafma.

Según el industrial bonaerense, “el año pasado fue muy bueno, con ventas que superaron en un 30 por ciento al año anterior, y en 2021 la gente está animada y el productor tiene que cambiar mucha maquinaria, así que hay muchas expectativas”. 

Para acompañar a esta demanda, muchos industriales proyectan renovar equipamiento y mejorar la infraestructura. “Para eso estamos pidiendo líneas de crédito específicas. Nos están escuchando porque estamos proponiendo trabajo, incrementar personal y ofrecer empleo estable como hace tiempo que no se tenía”, subrayó el dirigente. 

Otra de las apuestas en seguir avanzando en el comercio exterior, para lo cual Cafma está trabajando activamente en desarrollar nuevos mercados y acompañar a las empresas que ya están exportando a diversos países. 

Sobre este punto, Cestari destacó el apoyo de la Cancillería argentina, con el equipo de Jorge Nemes y Pablo Sívori, que gestionaron muchas reuniones y están brindando toda su colaboración. 

Optimismo en las provincias

Las buenas perspectivas a nivel nacional se condicen con la percepción que tienen los presidentes de las asociaciones que nuclean a los industriales de las principales provincias fabricantes.

“Tenemos las mejores expectativas respecto a las ventas, porque la demanda sigue. Las fábricas están reinvirtiendo, buscando acceso a nuevas tecnologías, a una mayor eficiencia de la producción. En comercio exterior, los grupos exportadores están trabajando sobre Rusia y Colombia”, indicó Luciana Mengo, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac). 

Según Mengo, este objetivo de internacionalización va atado “no sólo a despachar las máquinas, sino a estar presentes en otros países con posventa, técnicos, reparaciones, asesoramiento”. 

Del mismo modo, Rubén Georgi, titular de la Asociación Santafesina de Industriales de la Maquinaria Agrícola (Asima), puntualizó: “Estamos bien vendidos, con buenos precios para los granos, con buenas lluvias en las áreas cultivables. Si los bancos nos siguen acompañando con tasas acordes para la financiación de maquinaria, creemos que va a ser un buen año. Muchas empresas están en proceso de ampliación, renovación de equipos, mejoras de procesos, y muchos en etapa de evaluación, con buenas expectativas hacia futuro”. 

También coincidió Hernán Zubeldía, al frente de la institución denominada Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (Magriba). “Venimos de un buen año, más allá de los problemas con las entregas de insumos y agropartes. Si no hay ninguna medida en contra, y los bancos siguen ofreciendo tasas adecuadas, hay buenas perspectivas para 2021. Muchas empresas están analizando incorporar más procesos dentro de las fábricas dado que hoy nuestros proveedores no cumplen las expectativas que necesitamos los industriales”, evaluó. 

Además, mencionó que el escollo que están sufriendo las fábricas es “buenos créditos para vender, pero no para invertir. Y las falencias de entrega de partes impulsa a acelerar las inversiones para suplirlas”. 

Ley de Maquinaria Agrícola

Por otro lado, Cestari se refirió al proyecto de una Ley de Maquinaria Agrícola que están impulsando los fabricantes argentinos a través de Cafma y de las Cámaras provinciales: Afamac, en Córdoba; Asima, en Santa Fe; y Magriba, en Buenos Aires.

Las autoridades estas entidades ya fueron recibidas por los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; y de Córdoba, Juan Schiaretti. Mientras tanto, se espera una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff. 

La definición de producto nacional, contemplada en el proyecto, es el punto de partida para ciertas diferenciaciones en materia financiera e impositiva. “Pedimos un sistema espejo, como tienen Brasil y otros países, donde a la máquina nacional se le dan ciertos beneficios que no se le dan a la máquina importada, como reintegros y líneas de crédito para la compra”, explicó Cestari, 

“En Argentina los bancos nacionales no discriminan entre maquinaria nacional, o ensamblada en el país con piezas importadas a la hora de dar un crédito. Es muy importante la diferencia porque para fabricar se emplea más gente y también se brinda más trabajo en forma indirecta”.

Agrovoz

Se detuvo la mejora de la confianza por temor a más intervenciones en el sector.

La recuperación de la confianza de los productores, que se venía observando en los últimos meses, se detuvo en enero pasado. Además, tras la reciente intervención del Gobierno en el mercado de maíz y las renovadas amenazas como las que hizo el presidente Alberto Fernández con más retenciones o cupos para exportar, un 65% de los productores está seguro o cree probable que habrá más trabas para la actividad.

Todo esto se desprende de un relevamiento del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que elabora indicadores para medir lo que ocurre en el campo.

La casa de estudios construye lo que denomina el Ag Barometer Austral con encuestas a 400 productores que tienen un valor bruto de la producción igual o mayor a US$200.000. Considera las respuestas con un valor neutro de 100. Por debajo de ese número significa que las percepciones negativas superan a las positivas. En tanto, por encima de ello son las positivas las que prevalecen.

Al respecto, el AgBarometer de enero último dio 79, prácticamente sin cambios respecto de los 78 de noviembre de 2020. “El índice se muestra sin variaciones frente a la medición previa, aunque muestra una mejora de casi 52% interanual, sobre un índice que aún se mostraba muy cerca del piso luego de las elecciones presidenciales 2019”, precisa el trabajo.

El reporte alerta: “Los productores temen que a corto plazo aumenten las retenciones y se fijen cupos a la exportación lo que generaría un impacto negativo sobre los precios y la rentabilidad”.

De acuerdo al Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, “luego de ciertos comentarios del oficialismo que dieron lugar a especulaciones sobre intervenciones en los mercados, el 25% de los productores manifiesta estar seguro de que habrá intervenciones que limiten la exportación de alimentos y el 40% ve probable que existan dichas intervenciones”.

Para destacar, se señala que las expectativas de una mejora en la rentabilidad por la suba de los precios de los granos “no se traduce en una mejora en el sentimiento de confianza debido a la incertidumbre que enfrentan los productores en términos de políticas dirigidas al sector”.

Cuando se pregunta sobre las decisiones de venta de la cosecha, ahí se observa que no hay un gran apuro por vender la producción del ciclo 2020/2021. “Es muy bajo el porcentaje de cosecha gruesa que ya tiene precio fijado. Aproximadamente el 70% de los productores afirma que aún no fijó ningún tipo de precio en soja, y el 66% en el caso del maíz”, indica.

Respecto del Índice de Condiciones Presentes, que de acuerdo a la institución considera la situación financiera actual versus un año atrás y la oportunidad para hacer inversiones en activos fijos, ese indicador fue en enero último de 78, un 2,6% de incremento respecto de la medición de noviembre de 2020.

Sobre las inversiones, en noviembre pasado un 57% de los productores consideraban que era un mal momento para invertir. Ahora ese indicador saltó a 59%.

En tanto, cuando se pone el foco más en el largo plazo, en ese caso se ve un freno. En rigor, el Índice de Expectativas Futuras, que mide el escenario para la propia empresa y el sector en un horizonte de 1 y 5 años, dio 80, igual que en noviembre del año pasado. En cambio, si se lo compara versus un año atrás está un 43% arriba.

Según se desprende del trabajo, ante las posibles trabas para exportar, los productores piensan en cómo transformar el grano en otros productos, como carnes.

“Los productores ya comienzan a pensar estrategias que mejoren la rentabilidad ante posibles caídas en los precios de los granos como resultado del aumento de retenciones o cupos de exportación. Puntualmente para el caso del maíz, 39% de los productores manifiesta que seguirá vendiendo el maíz sin transformar, mientras que un 50% de los encuestados considera estrategias de transformación local de la producción”.

Fernando Bertello
La Nacion

Los tamberos reclaman que las usinas industriales cumplan con las actualizaciones de precio pactadas para febrero y marzo. 

Los productores lecheros de Trenque Lauquen, nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), alertaron que evalúan realizar protestas si el Gobierno profundiza la intervención en la cadena láctea. El vicepresidente de la Sociedad Rural de esa localidad, Ignacio Kovarsky, aseguró a LA NACION que “lo único que falta es consensuar con el resto de las rurales en cuál va a ser la medida y ponerle una fecha”. Y agregó: “Esto en algún momento iba a explotar y explotó”.

“El productor aguanta toda la carga tributaria, sufre los desbarajustes de la macroeconomía argentina y encima tiene que pagar más retenciones. Es un esquema que parece estar armado a propósito para recaudar y no para producir“, agregó el dirigente, quien también se desempeña como prosecretario de Carbap.

En ese sentido, Kovarsky señaló que, a diferencia de otros sectores, los tamberos venden la leche a un precio que no pueden manejar: “No podemos pelear nuestro producto. A eso se le suma que hace un mes subieron los derechos de exportación a los lácteos, lo cual es vergonzoso porque al Gobierno ni siquiera le sirve como caja, ya que es ínfimo. Además, sufrimos un impacto sobre los negocios de exportación debido a que carecemos de reembolso”.

Desde marzo de 2020, las grandes empresas tienen precios controlados por el Gobierno. Según los tamberos, esto termina impactando sobre toda la actividad. En rigor, según comentaron tamberos a LA NACION, en las últimas horas desde varias industrias se comunicaron con ellos para decirles que no podrían otorgar nuevas mejoras en el valor de la materia prima por la presión de la Secretaría de Comercio.

En este contexto, los tamberos de la región de Trenque Lauquen, que abarca una cuenca del oeste bonaerense, organizaron una convocatoria para definir medidas a tomar. A través de un comunicado, reclamaron que las usinas cumplan con las actualizaciones de precio pactadas para febrero y marzo, además de una actualización de los mínimos para el pago de ingresos brutos provincial. También pidieron líneas de inversión especiales para el sector y la quita de retenciones y reembolso a la exportación para compensación de impuestos de la cadena.

“La producción láctea es una fábrica a cielo abierto, con altos costos de producción, con el 80% de los insumos dolarizados y entregando un producto perecedero, con pago en pesos posterior a la totalidad de la entrega y en algunos casos, hasta 30 días después”, señalaron tras la reunión.

Los productores denuncian que vienen manifestando su preocupación por la pérdida de rentabilidad y de capital desde los últimos meses del año pasado. Les preocupan las versiones de que las usinas lácteas no van a aumentar lo previsto para febrero. Además, advierten que corren el riesgo de percibir menos de lo proyectado y pactado verbalmente, algo que, de cumplirse, estaría por debajo de los valores de subsistencia. Según el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), en enero pasado el precio promedio pagado por la industria fue de $22,74 por litro. Los tamberos en el oeste bonaerense dicen que los costos están arriba de $23,75.

“Es necesario que el Gobierno entienda que la lechería es vital en nuestro país, que no puede intervenir ningún eslabón porque indefectiblemente impacta en toda la cadena. Hoy puede forzar un precio en la góndola y mañana el mismo consumidor será el afectado cuando no haya leche disponible y la misma demanda eleve los precios”, indicaron en el comunicado.

Otro problema que aqueja al tambero son las consecuencias que traen las intervenciones en los precios en góndola. “Si se tocan los costos en cualquier parte de la cadena, o se interviene de alguna manera, ya sea poniendo precios máximos o cupos, se genera un problema que lleva a que el supermercado le ajuste el precio a la industria, y la industria, a su vez, le ajuste el precio al productor. El tema es que el productor no puede ajustar sus precios. Yo no le puedo decir al que me vende el gasoil que este mes le pago menos”, se lamentó Kovarsky.

“Hay un montón de cosas que podrían hacer los gobiernos y no hacen. Lo que le pasa al tambo es que, al no tener un mercado institucionalizado, cuando llegan las crisis queda fuera del negocio, de un momento a otro y sin tener las suficientes herramientas para manejarse“, agregó el productor.

“Nosotros somos los más eficientes para producir, tenemos las mejores vacas del mundo, pero hace 25 años producimos lo mismo porque el Estado no nos permitió crecer. Por eso reclamamos que exista un mercado institucionalizado con reglas de juego claras y que nos generen las condiciones para poder progresar”.

Pedro Lacour
La Nacion

Jorge Solmi, nuevo secretario de Agricultura de la Nación Crédito.

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, le presentó hoy formalmente a la Mesa de Enlace a Jorge Solmi, el nuevo secretario de Agricultura.

Solmi, que reemplaza al saliente Julián Echazarreta, fue presentado en una charla virtual con presidentes y vicepresidentes de la agrupación.

Solmi es exvicepresidente de la Federación Agraria Argentina, exdiputado provincial bonaerense y está en el espacio del Frente Renovador de Sergio Massa.

Según pudo reconstruir este medio, en el encuentro virtual se produjo el saludo protocolar de Solmi y su disposición para un trabajo conjunto.

En tanto, desde la Mesa de Enlace hubo un recordatorio de los temas que preocupan a la dirigencia del campo.

Algunos dirigentes pusieron énfasis en la necesidad de políticas a largo plazo que permitan dar previsibilidad y generar empleo para el país.

Basterra y Solmi escucharon. Además, el ministro de Agricultura cursó una invitación para que dos dirigentes asistan este jueves a una reunión de toda la cadena alimentaria para hablar del acuerdo de precios y salarios. El encuentro será en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Vale recordar que el Gobierno, tras la inflación del 36,1% del año pasado, tiene como meta un incremento no mayor al 29% para este año.

Al margen de la presentación de Solmi, no hubo referencias a la salida de Marcelo Rossi, exdirector nacional de Control Comercial Agropecuario, que se fue sorpresivamente de esa cartera y, como él mismo denunció, de manera “inexplicable” por parte del ministro Basterra.

La Nacion

El encuentro se realiza este lunes con entidades y actores interesados en la vía navegable.

La Hidrovía Paraná – Paraguay define su futuro en las próximas horas. Este lunes desde las 10, el Ministerio de Transporte convocó a la primera reunión del Consejo Federal Hidrovía para definir objetivos y los próximos pasos.

La concesión a la empresa Hidrovía SA finaliza este año y el tiempo comienza a acabarse para tomar una decisión. Por este motivo, el Gobierno creó un espacio de coordinación política y estratégica para la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que presidirá el Ministerio de Transporte, conducido por Mario Meoni, y estará integrado por el Ministerio del Interior, y Desarrollo Productivo, además de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. 

Este evento se transmitirá vía satélite abierto para todos los canales del país y también habrá transmisión mediante streaming abierto. La reunión abordará todo lo referido a la concesión de la obra pública de la vía navegable troncal de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

También participarán, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindicales y otros entes u organismos públicos o académicos con interés en la materia. De este modo, podrán participar de modo virtual los 50 organismos invitados para cercar sus opiniones y posiciones.

Desde el Gobierno destacaron que la Hidrovía constituye la opción de transporte más relevante de la producción agrícola, tanto de graneles sólidos como líquidos. Esta vía navegable representa la salida de aproximadamente el 80% de la exportación nacional y es una de las vías naturales de mayor longitud del planeta con 3.442 kilómetros.

Según los números aportados, se transportan más de 100 millones de toneladas de carga, mercadería transportada en contenedores, carga de la industria automotriz, de la industria metalúrgica, la gran mayoría del transporte de pasajeros en la modalidad de cruceros, entre otras operaciones. También, constituye una de las vías centrales de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos refinados, siendo de importancia vital para el abastecimiento energético del país.

Participan

Ministerio de Defensa de la Nación; Ministerio de Seguridad de la Nación; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Prefectura Naval Argentina; Servicio de Hidrografía Naval; Instituto Nacional del Agua; Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina; Universidad Nacional de San Martín; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Rosario; Universidad Nacional del Litoral; Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional del Nordeste; Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad Tecnológica Nacional; Consejo Federal de Inversiones; Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, cuatro (4) representantes; Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante; Unión Industrial Argentina, dos (2) representantes; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; Consejo Portuario Argentino; Cámara de Puertos Privados Comerciales; Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; Cámara Naviera Argentina; Federación de Empresas Navieras Argentinas, tres (3) representantes; Confederación Argentina de la Mediana Empresa; Confederación Intercooperativa Agropecuaria; Confederaciones Rurales Argentinas; Sociedad Rural Argentina; Asociación Argentina de Ingeniería Naval; Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios; Asociación Civil Prácticos República Argentina; Centro de Navegación Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe; Fundación Humedales; Fundación Taller Ecologista; Fundación Cauce Ambiental; Unidad de Información Financiera; Confederación General Económica; Intersindical Marítima Portuaria; Foro de Localidades Portuarias de la Provincia de Santa Fe; Municipio de Rosario (Provincia de Santa Fe); Municipio San Lorenzo (Provincia de Santa Fe); Municipio de San Martín (Provincia de Santa Fe); Comuna de Timbúes (Provincia de Santa Fe); Movimiento Arraigo y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Agrofy News

Carlos Iannizzotto (Coninagro), Jorge Chemes (CRA), Daniel Pelegrina (SRA) y Carlos Achetoni (FAA).

Las entidades del campo en la Mesa de Enlace les mandaron una carta a José Voytenco, secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), luego de que el dirigente se expresara sobre la informalidad en el sector y deslizara un pedido de mayor presencia del Estado en el Renatre.

Para los ruralistas de la Mesa de Enlace, esto último les recuerda a la experiencia del Renatea entre 2011 y 2015, cuando el Renatre -donde están las entidades del campo y el gremio- fue estatizado. Las entidades del agro fueron despedidas en ese momento del ente que otorga una libreta del trabajador, brinda un seguro de desempleo y hace fiscalizaciones sobre el trabajo informal.

“Nosotros tenemos un gran desafío por delante. Según los números del Indec del segundo trimestre de este año hablamos de más de 500 mil trabajadores en negro. Estamos hablando de más del 60% de trabajadores en negro en la actividad”, había dicho Voytenco a Infogremiales en diciembre de 2020. Después, en otras declaraciones hizo un pedido para modificar la ley del Renatre.

“En lo que respecta a su pedido de mayor intervención del Estado en detrimento de las entidades, cabe mencionar el fracaso del proyecto Renatea. No solo fue desarticulado por un contundente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restituyó al Renatre con incontrastables argumentaciones jurídicas y legales sino que, durante la gestión del Estado, no solo no mejoraron los procesos de fiscalización sino que una de las prestaciones fundamentales del Registro, la prestación por desempleo, se mantuvo prácticamente inalterada, perjudicando a los trabajadores rurales a quienes debía proteger, lo que hace sospechar que la verdadera motivación de dicha fracasada estatización fuera la necesidad de hacerse de los recursos que administra el Registro. Por el contrario, en la gestión presente la actualización de dicho beneficio acompaña a las mejoras salarias aprobadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), en la que están representadas las tres partes”, dice un tramo de la carta, a la que accedió LA NACION, que la Mesa de Enlace le mandó el jueves pasado a Voytenco.

En el caso del Renatre, la presidencia se alterna entre las entidades del agro y la Uatre. Voytenco es el secretario general del gremio desde el año pasado luego del fallecimiento de Ramón Ayala. Voytenco ha dicho que quiere darle una nueva impronta al gremio. Con Ayala el sindicato estuvo cercano al gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo sucedió cuando al gremio lo manejaba Gerónimo “Momo” Venegas, fallecido en 2017.

En la carta las entidades del agro recuerdan a Voytenco que “el gremio está debidamente representado en el directorio del organismo, máximo órgano de gobernanza, y hoy detenta su presidencia, por lo que puede proponer la optimización de todos los procesos que le preocupan, incluido el de fiscalización”.

“Los argumentos y cifras (sobre la informalidad) que exhibe no tienen en cuenta las particularidades y complejidades del sector agropecuario argentino, que como usted bien sabe, se encuentra atravesado por la realidad del trabajo temporario en infinidad de economías regionales y actividades productivas que implican y requieren un abordaje específico. En rigor, si dejamos de lado estas actividades, el trabajo registrado en el sector supera el promedio nacional”, dicen las entidades del agro en otro tramo de la carta.

La Nacion

Si la Secretaría de Comercio le informa al Ministerio de Agricultura que una empresa no cumplió una norma ligada al consumo, la cartera agrícola la podría suspender de un registro para operar

Luego de que el Gobierno determinara que, para permanecer en un registro oficial, las empresas deberán cumplir con las normas, sentencias o laudos de organismos con competencia en el abastecimiento interno, en obvia referencia a la Secretaría de Comercio Interior, en la agroindustria se encendieron las luces de alarma. En diálogo con LA NACION, referentes de varios sectores consideraron a la disposición como excesiva y advirtieron acerca de la repercusión que cualquier eventual infracción comercial podría llegar a tener en la actividad industrial.

La resolución del Ministerio de Agricultura, que fue publicada en el Boletín Oficial a principio de este mes, señala que quienes no estén en línea con los requisitos estipulados podrían ser suspendidos del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Es decir, si la Secretaría de Comercio, por ejemplo, le informa a Agricultura que una empresa no tiene lealtad comercial o incumplió un convenio, la misma podría ser dada de baja de ese registro clave para poder trabajar tanto en el mercado interno como para exportar.

“Si lo que se busca con esto es que se cumpla con los acuerdos, puede ser peor el remedio que la enfermedad”, comentó Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL). “En nuestro caso, hoy no hay elementos objetivos que hagan presuponer que pueda llegar a haber desabastecimiento de productos lácteos. La producción nacional alcanza para abastecer normalmente la demanda local”, precisó el dirigente de la entidad que agrupa a las usinas lácteas generadoras del 65% de la leche que se procesa en el país.

Desde el CIL aseguran que lo único que podría complicar la situación sería algún acontecimiento ligado a lo climático u otra cuestión extraordinaria que provoque una baja de la producción. Sin embargo, más allá de ello, en el sector lácteo no encuentran motivos para tener problemas, ya que también cumplen con el programa de precios máximos acordado con el Gobierno.

Por su parte, desde la industria molinera consideraron a la medida como “un exceso”. Y agregaron que, al no poderse determinar la gravedad de la infracción en el comercio, la suspensión del RUCA podría producirse por factores externos a lo estrictamente productivo. “Una infracción comercial no tiene por qué generar que cesen las actividades industriales”, advirtieron.

En ese sentido, el analista económico Jorge Ingaramo apuntó que las consecuencias de la medida pueden llegar a ser impredecibles. “Lo importante es saber en qué momento se gatilla la suspensión del inscripto en el RUCA, porque si la mera denuncia de un consumidor genera que a una empresa se la suspenda, estamos en un problema. Esta incertidumbre afecta a las inversiones y hace que aumente el riesgo de la actividad empresarial”, dijo a LA NACION.

Consultada al respecto, una fuente de la industria de la carne consideró que “en algunos temas sensibles los límites no son tan claros”, pero que, en última instancia, todo pasa por el adecuado uso de las disposiciones que se haga en cada caso. “Es habitual que existan requisitos cruzados entre diferentes entes del Estado con el objeto de impulsar el cumplimiento de normas”, matizó.

Según precisa la resolución, lo que busca el Gobierno es “resguardar el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo argentino, en un todo de acuerdo a los fines y principios que surgen de la propia Constitución Nacional”.

A su vez, detalla la necesidad de evitar que “las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne ilusorias; pero sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados”.

El RUCA permite a las empresas anotadas operar tanto en el mercado local como en el externo. Con estas nuevas obligación, el Gobierno suma exigencias a las ya agregadas el año pasado, cuando incorporó como requisito para ser incluido en el registro oficial cumplir con la liquidación de divisas. Ahora, este mecanismo se replica pero para el abastecimiento interno.

Precios atrasados

Otra cuestión que se enmarca a este problema es la del atraso de los precios. En enero, la Mesa del Trigo le pidió al Gobierno que establezca una fórmula de actualización para los precios máximos de la harina del cereal, ya que hace un año se encuentra congelado. Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) pidieron en una reunión con los funcionarios que haya precios acordes con los valores actuales del trigo y de los índices inflacionarios previstos para el 2021.

En el sector molinero indican la existencia de una distorsión principal: la incompatibilidad de la política de precios máximos con un mercado de trigo que fluctúa a libre precio y que en el último año creció 65%, mientras que, a lo largo de ese mismo periodo, la harina controlada por el Gobierno tuvo un aumento total de 9%.

Pedro Lacour
La Nacion